Estas medidas han generado revuelo en la opinión pública, pues la primera idea asociada fue que ya no serían aprobadas las visas hacia el país del norte. Sin embargo, se deben evaluar muchos detalles, ya que aún existen posibilidades para tramitar la visa americana.

Los solicitantes de visas de inmigrante incluidos en el decreto de abril son: padres, hijos adultos, hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses, así como cónyuges e hijos de residentes permanentes, solicitantes del programa de lotería de visa y solicitantes de visas de inmigrante por empleo.

Entre las principales excepciones consideradas están: cónyuges e hijos menores de ciudadanos estadounidenses, soldados de tropas en servicio activo y sus familias, solicitantes de la visa de inmigrante inversionista EB-5, cualquier persona que obtenga una visa de inmigrante basada en el empleo en el sector de la salud, o mediante otro trabajo que el Departamento de Seguridad Nacional determine como esencial para combatir el coronavirus (incluyendo el cónyuge y los hijos de estas personas), cualquier persona cuya entrada como inmigrante sea determinada de "interés nacional" o que "promueve objetivos importantes de aplicación de la ley". El solicitante que se encuentre físicamente dentro de los Estados Unidos y esté solicitando un “ajuste de estado” no se verá afectado por esta medida. Tampoco los que están solicitando refugio/asilo, pero si su petición es aprobada, esta medida le perjudica traer a sus familiares directos, como cónyuges e hijos menores, si están residiendo en el exterior.

El pasado 7 de mayo, cuatro senadores republicanos pidieron la suspensión de la mayoría de las visas de trabajadores no inmigrantes durante 60 días, y a partir del 24 de junio, entraron en vigencia restricciones adicionales por un nuevo decreto del Presidente Trump. Este nuevo decreto es efectivo hasta diciembre 2020 y su vez, extiende el decreto anterior hasta la misma fecha. Las visas incluidas en este decreto son: (1) Visa L-1, para la transferencia de trabajadores temporales dentro de una misma empresa, que ocupan puestos gerenciales o poseen conocimientos especializados. (2) Visa H-1B, para trabajadores en ocupaciones especializadas, usualmente requiriendo un título universitario o su equivalente de 4 años, (3) Visa H-2B, que permite a los empleadores o agentes estadounidenses contratar extranjeros con el fin de ocupar empleos temporales pertenecientes a una amplia gama de industrias no agrícolas, y (4) Visa J-1, para individuos habilitados para participar en programas de intercambio de trabajo y estudio. Dentro estas categorías de visas, hay algunas excepciones, pero este decreto incluye a los dependientes de los solicitantes de las visas, como cónyuges e hijos menores. Como en el primer decreto, estas limitaciones afectan a las personas que se encuentran fuera de los Estados Unidos y no poseen una visa válida ni otra documentación vigente para ingresar a los Estados Unidos. Quedan exentos de este decreto trabajadores que proporcionen mano de obra temporal esencial para el suministro de alimentos de los Estados Unidos, Residentes Permanentes Legales, Cónyuges o hijos de ciudadanos estadounidenses y cualquier individuo cuya entrada sea de interés nacional.

Estados Unidos alberga la comunidad más grande de inmigrantes a escala mundial, y las repercusiones de esta orden ejecutiva ya se están sintiendo en su territorio.

Uno de los focos de la campaña de Trump desde su postulación para la candidatura del Partido Republicano, fue la reforma del sistema migratorio. Con su pedido de “Build the Wall” a esta nueva reforma, Trump no ha cedido en modificar el sistema migratorio.

Cabe destacar que el panorama del desempleo en EE.UU., motivo principal de esta orden ejecutiva, aumenta la probabilidad de una restricción migratoria más severa. El Covid-19 le ha generado a Estados Unidos más de 40 millones de empleos perdidos. Según las estadísticas de la Casa Blanca, la tasa de desempleo del país en mayo fue del 13,3%, récord desde la Gran Depresión, sin embargo, una gran parte de las empresas de Estados Unidos, destacándose el sector tecnológico, afirma que la fuerza de trabajo extranjera altamente calificada es de suma importancia para la recuperación de la economía.

Estos últimos meses han sido una montaña rusa para los inmigrantes y abogados de inmigración. Para agregarle sal a la herida, el sistema migratorio puede ir a paso de tortuga ya que 13,400 empleados, el 70% de los empleados de USCIS, pueden ser suspendidos si no se aprueba el presupuesto necesario en Congreso el 31 de agosto. Casos que demoraban meses puede llegar a demorar más de un año como consecuencia de esta medida.

Veremos qué pasa en las elecciones presidenciales de noviembre. Una victoria de Donald Trump confirmaría una continuación de estas medidas y un sistema migratorio rígido. Una victoria del candidato demócrata Joe Biden prácticamente asegura un sistema migratorio mas permisivo y un levantamiento de estas medidas.

Columnista Invitado - Diego Santos Sardone
Abogado estadounidense, socio en la firma de derecho migratorio estadounidense CSA Attorneys, con oficinas en Buenos Aires y Nueva York.