En primer lugar vale destacar que no sería legal el recorte retroactivo que había circulado en algunos sectores del Palacio. Se rumoreaba una quita a los salarios de mayo del 10%, hecho que no estaría siendo posible dado que el personal ya trabajó ese mes y lo hizo con reglas establecidas con anterioridad.

Sin embargo, y frente a la fragilidad de las cuentas municipales, la manta se hace cada vez más corta: si se paga la totalidad de los proveedores no se pagan salarios; si se elige pagar sueldos quedan colgados los proveedores y muchos de los insumos que estos entregan podrían dejar de llegar a la comuna.

Ergo, la calidad de los servicios está en riesgo, ya sea por la eventual faltante ante el "no pago" posible, o por la paralización que podría ser el resultado de una acción gremial ante el cambio en las condiciones laborales y el recorte salarial. Por lo tanto, el equilibrio es muy sensible.

Vale preguntarse por qué General Pueyrredon está en esta situación, siendo la primera comuna importante del país que se oye en una crisis como para no poder pagar los sueldos. Máxime cuando existe un decreto de la Gobernación que asegura la llegada de dinero para ese ítem, a cambio de futuras coparticipaciones. La mayoría de las intendencias están sobrellevando los gastos con este instrumento.

Delgada línea roja

La solución que estaría planteando la comuna sería la de reducir salarios por la vía de un recorte en las horas extras del personal. Esto podría afectar el normal desarrollo de algunas áreas en las que los servicios son importantes.

No obstante, hay otros sectores en los cuales el personal de planta cobra bonificaciones y en muchos casos no está asistiendo a prestar servicio. Y ahí empieza a desandarse un camino espinoso para la mayoría.

Si la bonificación es una compensación –y no es el salario- por una tarea y esa tarea no se presta, legalmente no se debería pagar la bonificación. Si la comuna la paga de todas maneras, eso podría generar un futuro cargo del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (organismo de control) hacia el propio Ejecutivo Municipal.

El problema es que el Ejecutivo debe elegir el mal menor: evitar un cargo sobre la cabeza de los funcionarios, o asumir el cargo y evitar un eventual paro de los trabajadores por la eliminación de las bonificaciones. Lo primero parece ser el mal menor, en tanto lo segundo podría generar una espiralización de un conflicto que no debería ocurrir en este actual contexto.

La otra herramienta que se maneja es la jubilación de aquellos que están en condiciones de hacerlo. Esto no caería bien en la gente, que pretende seguir en funciones, ni tampoco en el gobierno provincial. El IPS acaba de pedirles a los empleados públicos provinciales que no se jubilen por 5 años, tiempo que necesita el Instituto para recomponer la caja. En la actualidad, está por debajo de lo aconsejable porque la ecuación activo sobre pasivo decayó desde 2017 a esta parte, debido a la pérdida de docentes provinciales y al incremento de nuevos jubilados.

Evidentemente, lo que falta es mayor esfuerzo en la gestión de soluciones que alcance a estirar la manta para que cubra todos los sectores. Las herramientas, formalmente, están.

Foto: La Capital