Los hechos representarían delitos de acción pública por violar el artículo 14 de la Constitución Nacional debido a que el corte sin autorización del Municipio “altera la comunicación y el derecho a transitar por el territorio argentino".

En este contexto, los hechos encuadrarían “prima facie” en la figura penal descripta por el artículo 194 del Código Penal de la Nación, que manifiesta que  “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

El encuadre radica en el hecho de que este delito pone en peligro "el orden social, la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, como asimismo vulnera los sentimientos de seguridad y tranquilidad indispensables para el libre y completo desarrollo de las actividades humanas".

Cabe destacar que la denuncia se realiza al mismo momento de perpetrarse el corte.