La resolución 317/20 establecida por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS), que entrará en vigencia a partir del 1 de marzo, genera preocupación al sector empresarial debido al incremento de costos, no previstos, que supone el cumplimiento de la misma.

Frente a esta situación y en representación de sus asociados, la UCIP elevó una carta de carácter urgente a la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) para su intervención, por intermedio de la Comisión de Medio Ambiente de FEBA, ADIBA y OPDS, para solicitar la derogación de la misma o en su efecto una prórroga de 180 días.

Desde la UCIP explicaron que derogar esta resolución permitirá demostrar que el comerciante podrá cumplir con los preceptos de la norma, en cuanto a la separación de residuos en origen, pero sin ser obligados a recurrir a registraciones y contrataciones de servicios que les serán imposibles de costear.

Desde la entidad también destacaron estar de acuerdo con todas aquellas acciones que sirvan para cuidar el medio ambiente, pero ante la grave situación económica y financiera de público conocimiento que está atravesando el sector comercial y empresarial, entienden que es imprescindible trabajar para preservar la permanencia de ellos en el sistema y no sumarles nuevas cargas que puedan propiciar el cierre.

La nueva normativa es extensiva a toda la provincia de Buenos Aires y tiene la obligación de ser cumplida por supermercados e hipermercados; shoppings y galerías comerciales; servicios de alojamiento u hospedaje; comercios y centro de distribución; empresas de servicios; universidades públicas y privadas; dependencias de la administración pública; y aquellos establecimientos comerciales y de servicios que generen más de 1.000 kgs. al mes. La UCIP explica que en esta clasificación se ven involucrados sus representados y por quienes, sabiendo su estado de crisis actual, solicitan que este pedido sea tratado de forma inmediata.

El presidente de la UCIP, Cdor. Blas Taladrid manifestó “la normativa que pretende entrar en vigencia implica para las empresas nuevos costos, no sólo por la misma implementación de la separación de residuos sino por la disposición final y el pago de honorarios profesionales y de registro. En las actuales condiciones que están viviendo las empresas, y sobre todo en particular desde el inicio de la pandemia, no es momento para incorporar nuevos costos al sector productivo”.