La medida del gobierno abre una grieta muy profunda en la sociedad. Por un lado, están los que ya sufrieron al Covid-19 en carne propia y los que no lo quieren llegar a padecer. Y por el otro están aquellos que ponen el tema en segundo plano, dándole jerarquía superior a sus negocios.

Desde una visión individual y el en uso pleno de las libertades ambos tienen derecho a priorizar lo que más les interese. Desde la visión macro y general, no caben dudas de que lo primero es la cuestión sanitaria, aunque deje un saldo catastrófico en el resto de las áreas.

Haciendo un cálculo político básico, el intendente debe velar por el interés colectivo. Como Estado, es la persona responsable de tratar de equilibrar las cargas asimétricas que se generan en la sociedad. No solo se es intendente para sacarse fotos sonrientes. En los momentos donde se deben ejecutar acciones antipáticas para la defensa del interés colectivo, también se debe ejecutar el cargo con absoluta responsabilidad. Como dice Montenegro que ocurrirá con el decreto presidencial de cierre de la actividad comercial nocturna.

Nadie más que el propio jefe comunal desearía que esta situación no le hubiera encontrado al frente de tamaña responsabilidad. Pero así se dieron las cosas. Por eso, la actitud expuesta en las últimas horas es una señal de que no todo es lo mismo. Que prevención no es igual a un protocolo que no se cumple pero que figura en los papeles. Que el uso del tapabocas no es lo mismo que estar tres horas sin nada que proteja al resto de los mocos y la saliva que puede esparcir cualquier persona y, en estos tiempos, con mayores riesgos por la pandemia.

Hay que parar la pelota a tiempo. Si todavía existe ese tiempo, la decisión parece acertada.