"En realidad no es un aumento, sino un abaratamiento respecto de lo que hubiéramos pagado de seguir vigente la tarifa de (el expresidente Mauricio) Macri", sostuvo el funcionario.

El Gobierno oficializó anoche esa suba, que regirá desde este mes; las tarifas de ese servicio estaban congeladas desde hace más de dos años, ya que el último incremento había sido del 29% en abril de 2019.

"Esta actualización es insignificante, aunque como abarcará los meses de invierno, cuando se pague en septiembre y octubre se va a ver un salto porque se consumió más, pero no por la suba de la tarifa, que es ínfima", enfatizó el titular del Enargas.

En declaraciones radiales, Bernal puntualizó que "la revisión integral iniciada en 2016, que desembocó en una tarifa nueva en 2017, con los aumentos siderales que conocimos, debía regir hasta abril de 2022, con lo cual ahora estaríamos pagando un 135% más".

"Cómo hablar entonces de un aumento, cuando la actualización dispuesta es de 6% para un usuario residencial, y el promedio baja a 5,5% si se incluye a las pequeñas y medianas empresas", evaluó. Y añadió que este Gobierno encontró "una tarifa injusta, imposible de pagar, insostenible, que endeudó a 3 de cada 10 hogares y a 5 de cada 10 Pymes".

Bernal explicó que la categoría de usuarios más numerosa, la R1, pagará en sus próximas facturas entre $ 20 y $ 40 más, en el caso de la distribuidora Naturgy, del Area Metropolitana de Buenos Aires. Asimismo, comentó que la actualización tarifaria es fruto des "un proceso de trabajo conjunto entre el Enargas, la Secretaría de Energía, la Sindicatura General de la Nación, el Ministerio de Economía y hasta el propio presidente Alberto Fernández se involucró en esta cuestión".

El Enargas publicará los nuevos cuadros tarifarios en las próximas horas y se estima que en el caso de grandes usuarios (industrias y comercios) la suba podría alcanzar el 20%.

Las empresas argumentaron que al estar congeladas las tarifas, hubo una caída de la inversión en nuevos pozos de gas, que derivó en un descenso en la actividad y un déficit que obligó a aumentar la importación.

Los ajustes en las tarifas de gas, junto al de la energía eléctrica (en este caso, del 9% promedio) son considerados de "transición" por el Poder Ejecutivo Nacional, que instruyó a los entes reguladores a llevar adelante una revisión integral en un plazo máximo de dos años.