Las liberaciones del ex ministro de Planificación Federal del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, y de su segundo en la pirámide ministerial, Roberto Baratta, generó un fuerte sisma político dentro del contexto institucional nacional.

El Consejo Federal Justicialista emitió un documento en el que respaldo la teoría del lawfare que desde hace unos meses a esta parte sostienen quienes se enrolan entre los militantes kirchneristas.

Ayer, el consejo partidario expuso la situación y habló de "detenciones arbitrarias", en un claro respaldo a la línea ejecutada por la ex presidenta al respecto de la Justicia nacional. De esta manera, fue en contra de los integrantes del sistema judicial argentino.

Vale recordar que De Vido y Baratta estaban siendo investigados por la supuesta maniobra de desvíos de fondos públicos en la causa Río Turbio, que tramita en el fuero federal.

A diferencia de la distancia que se había observado hasta aquí de parte del Gobierno nacional para con la estructura política partidaria del PJ, en el Congreso hubo 4 ministros de las gestión del Presidente Alberto Fernández que participaron del mismo. También estuvieron presentes varios gobernadores provinciales.

El evento, que se realizó en Ferro Carril Oeste, terminó con un acto en el que estuvieron importantes dirigentes peronistas, intendentes del Conurbano Bonaerense y del interior del país.