“La oportunidad elegida para lanzar estos proyectos resulta al menos llamativa. Nos encontramos atravesando un delicado momento sanitario producido por la pandemia del COVID-19, el propio Poder Ejecutivo ha decretado la emergencia sanitaria y económica y se avecina una crisis social y económica sin precedentes. En este contexto, el Gobierno Nacional decide otorgar prioridad en su agenda a la reforma de un poder del Estado, asignando tiempo y recursos estatales a un tema que, si bien es necesario, carece de urgencia en este momento y dificulta la posibilidad de arribar al consenso necesario para afrontar complejas modificaciones a las estructuras judiciales”, se afirma en el documento. “En efecto, las reformas judiciales no pueden ser diseñadas a las apuradas ni impuestas por la fuerza de mayorías legislativas circunstanciales. Este tipo de modificaciones institucionales deben ser discutidas a través de un amplio y generoso diálogo que incluya la participación de los actores intervinientes (jueces, fiscales, defensores, abogados, sindicatos y facultades de derecho, entre otros), de especialistas en la materia y de representantes de la sociedad civil” agregan desde los centros de estudios de JxC.

“Debido a la trascendencia y posible impacto de los cambios impulsados, también resulta esencial que sea parte de un acuerdo programático acordado con las distintas fuerzas políticas, para otorgarle la legitimidad que requieren reformas de esta naturaleza”, sostienen.

“Cabe señalar que resulta totalmente irrazonable crear más juzgados penales federales con el diseño actual, cuando el artículo 26 del mismo proyecto establece que el sistema acusatorio previsto en la Ley 27.150 comenzará a regir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el plazo máximo de dos años. Seguramente la implementación del acusatorio requiera una organización judicial diferente, entonces habrá que modificar otra vez la cantidad y modalidad de los tribunales”, aseguran desde la fundación Alem, Pensar y el Instituto Arendt. “Además, el número de veintitrés nuevos juzgados carece de todo fundamento empírico, ya que la carga de trabajo de ninguno de los dos fueros justifica la creación de esa gran cantidad de juzgados. No hay ninguna explicación plausible de porqué es adecuada esa cifra y no otra diferente”, añaden.

“El no ingreso de nuevas causas no compensará a los tribunales preexistentes del esfuerzo de administrar las causas en trámite, algunas de ellas de gran complejidad, con la mitad de su personal y recursos. Necesariamente, ello ocasionará que muchas causas en las que se investigan delitos de corrupción estatal se paralicen, se retrasen o incluso que pueda operarse la prescripción de la acción penal”, advierten desde JxC.

Además, sostienen que “es un sinsentido la creación de una enorme cantidad de cargos diseñados conforme la ley de enjuiciamiento vigente y, a la vez, pretender poner en vigencia un sistema acusatorio”.

En cuanto a la designación de jueces subrrogantes, desde las fundaciones explican que “los jueces interinos no poseen estabilidad en el cargo debido justamente a que a que su designación es temporaria, por lo que carecen de las garantías necesarias para desempeñar sus funciones libres de presiones e injerencias, lo que afecta su independencia e imparcialidad”.

“En cuanto al impacto presupuestario del proyecto, se crean 323 cargos (jueces, fiscales, defensores y funcionarios). Solo de sueldos de los mencionados cargos, el costo anual aproximado es de 1.703 millones de pesos. A ello se debe agregar la inversión necesaria en infraestructura estimando un costo aproximado de 1.211 millones de pesos; más un aproximado de tecnología de 122 millones de pesos. Esto arroja como resultado un monto mínimo de 3.037 millones de pesos, cifra necesaria para poder implementar el proyecto”, indican desde JxC.

“Realizar un gasto de esta magnitud en épocas de fuertes carencias económicas y sociales no parece una política razonable. Asimismo, tampoco se advierte cuál puede ser la fuente de financiamiento, cuando el presupuesto del Poder Judicial de la Nación sólo alcanza actualmente a cubrir los sueldos del mes de agosto”, añaden.

“Si realmente se quiere avanzar en mejorar el sistema judicial, se deberían remitir al Congreso los pliegos de magistrados que ganaron sus concursos y que luego fueron retirados del Senado, iniciar el tratamiento del proyecto de Código Penal de la Nación, impulsar la sanción del Código Procesal Federal Civil y Comercial10 y continuar la implementación progresiva del sistema acusatorio actualmente en funcionamiento en Salta y Jujuy”, concluye el documento elaborado por las fundaciones.